Los diputados Sergio Gil y Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, solicitaron la comparecencia de Andrea González Hernández, titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, para que rinda cuentas sobre el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México, particularmente en costas de Veracruz.

Durante la sesión en el pleno, los legisladores llevaron una cubeta con chapopote recolectado en la Barra de Chachalacas, como evidencia de la contaminación y en protesta por lo que calificaron como una respuesta tardía e insuficiente de las autoridades. Exigieron que se informe con claridad sobre el origen del derrame, los responsables y las sanciones correspondientes.

El caso ocurre en medio de una crisis ambiental que ha afectado cientos de kilómetros del litoral del Golfo. Desde inicios de marzo, pescadores y comunidades comenzaron a reportar la presencia de hidrocarburos en playas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, lo que derivó en una investigación federal.

De acuerdo con autoridades federales, el derrame podría tener múltiples fuentes, entre ellas un buque no identificado y emanaciones naturales conocidas como chapopoteras. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado con precisión un responsable directo, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia.

El impacto ha sido considerable: la mancha de hidrocarburo ha alcanzado más de 600 kilómetros de costa y decenas de zonas con presencia de chapopote, afectando ecosistemas, actividades pesqueras y comunidades locales.

Aunque el gobierno federal asegura que se han desplegado más de 3 mil elementos, embarcaciones y equipo especializado para contener y limpiar el derrame, además de atender playas y manglares afectados, pobladores denuncian que la contaminación persiste en varias zonas.

Incluso, reportes recientes señalan que la afectación podría extenderse hasta más de 900 kilómetros de costa, mientras organizaciones y comunidades han convocado protestas para exigir respuestas y apoyo económico ante las pérdidas.

Por su parte, autoridades han defendido que las playas son seguras para uso recreativo y que se han recolectado toneladas de crudo, aunque persisten cuestionamientos sobre la magnitud real del daño y la rapidez de la respuesta oficial.

En este contexto, la exigencia de los legisladores busca presionar a las autoridades ambientales para esclarecer uno de los derrames más relevantes en el Golfo en los últimos años, en medio de reclamos por opacidad y posibles responsabilidades aún sin definir.